El 10 de junio de 2025 la Corte Suprema de Argentina condenó a la ex presidenta Cristina Fernandez de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos. Esa misma noche cientos de personas se manifestaron en las calles repudiando la medida tomada contra la principal figura de la oposición al gobierno de Javier Milei. Laureano Barrera desde el medio Pericya de La Plata y parte de la Red de Medios Digitales describe la consecuencias sociales del fallo: “Que alguien de un partido determinado no pueda presentarse como candidato implica que el sector social al que representa, o que se siente interpelado por esa persona, tampoco pueda ejercer plenamente su derecho electoral“.
Desde el martes pasado, hay una guardia militante todos los días en las afueras de casa de Cristina en el domicilio en San José 1111, en el barrio de Constitución de la ciudad de Buenos Aires. Cuando se confirmó la condena coparon las calles colindantes donde vive la ex mandataria manifestándose en contra de la proscripción: “La proscripción de Cristina puede entenderse como una nueva forma de interrupción de procesos políticos. Después del golpe de Estado y el retorno de la Democracia, la vía armada para interrumpir procesos políticos quedó un poco vetusta y desacreditada. Entonces, se resignifican otras formas de acorralar o neutralizar a determinadas figuras políticas. En ese sentido, me parece que esta es una modalidad nueva, que queda bastante clara cuando uno se interioriza un poco. De todas maneras, al mirar la historia del país también se percibe como algo cíclico”, apunta Laureano Barrera.
La Corte Suprema de Justicia -conformada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti– fue quien emitió el fallo en el contexto de la causa Vialidad. Todos, excepto Lorenzetti designado por Néstor Kirchner en 2004, fueron nombrados por decreto durante la presidencia de Mauricio Macri. Además se comprobó que tienen algún vínculo con el ex mandatario.
Prisión domiciliaria
Este martes el Tribunal Oral Federal 2 le otorgó la prisión domiciliaria a la ex presidenta de la Nación para que cumpla su condena, que incluye seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Esta proscripción con prisión domiciliaria es una suma de otros hechos de violencia política a la que fue sometida Cristina: fue víctima de un intento de magnicidio, el 1° de septiembre de 2022, cuando un hombre gatilló a centímetros de su rostro. El ataque no fue un hecho aislado: fue el extremo de un clima de odio construido por los mismos poderes que hoy buscan silenciarla con una condena judicial.
Desde la Red de Medios rechazamos esta proscripción. Como periodistas, comunicadores y trabajadores de la comunicación, sabemos que si se naturaliza la proscripción, todos estamos en riesgo. El disciplinamiento avanza. La persecución política se instala como norma. Y la democracia está en peligro.
Estamos frente a un momento bisagra para el estado de derecho con la candidata más importante de la oposición en prisión. Los movimientos populares y los sindicatos nucleados en la CGT y la CTA preparan una gran movilización en repudio a la condena de Cristina y en contra de la proscripción. La misma se replicará con protestas en distintos puntos del país.
Los medios populares de Red de Medios que nacieron y crecieron al calor de la Ley de Medios promulgadas por el gobierno de Cristina Fernandez de Kirchner con el objetivo de democratizar las voces creemos que pronunciarse en contra de la proscripción de la figura política más importante de estos últimos años es un mandato como trabajadores y con nuestras audiencias: “Tenemos que seguir contando que hay un pueblo que se defiende de los ataques a la democracia, relatando hechos con honestidad intelectual frente a la demonización de Cristina que muestran los medios hegemónicos”.
