A una década de la consigna que se replicó en Argentina y parte del mundo, periodistas de la Red de Medios Digitales hacen un repaso de los cambios, logros y retrocesos que hubo y de las realidades que atraviesan sus provincias.
Hace 10 años, un 3 de junio, 300 mil personas se congregaron en diferentes ciudades de Argentina. Chiara Páez tenía 14 años y estaba embarazada cuando, en 2015, su pareja de 16 la mató a golpes. La enterró bajo la casa de sus abuelos y confesó el crimen.
Chiara no fue solo una muerte más, fue un caso que estremeció a toda la ciudad de Rufino, en Santa Fe, y a mujeres del país entero que se armaron para salir a las calles a reclamar medidas contra la violencia de género. En Buenos Aires, se dirigieron hacia la Plaza del Congreso de la Nación bajo una consigna que marcaría el comienzo de un movimiento feminista que luego se expandiría por toda América Latina: “Ni Una Menos”.
Una década después, y frente al desmantelamiento institucional de políticas públicas por parte del actual gobierno nacional, la problemática sigue vigente en el país. En 2015, las estadísticas no oficiales indicaban que ocurría un femicidio cada 30 horas; hoy, las víctimas no han cesado. De acuerdo con el Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven”, desde la primera marcha hasta hoy, fueron 2.745 las víctimas, de las cuales el 71% corresponden a casos de violencia intrafamiliar.
Para la actual gestión gubernamental, no resulta un problema semejante magnitud: “Esta marcha tuvo una fuerte custodia policial, que pretendía que la manifestación circule sólo por media calzada”, informan desde Bohemia En Vivo de Chaco.
Por su parte, Nazarena Vercellone del medio digital jujeño Polenta Para Revolver, afirma que la situación de la provincia es crítica. En medio de las represiones ocurridas durante la marcha asegura: “Actualmente, hay 1,7 femicidios cada 100.000 habitantes, lo que ubica a Jujuy entre las tasas más altas del país”. Su preocupación se respalda en datos difundidos por la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) que señala que, en los últimos diez años, Jujuy registró 63 muertes. A pesar de que la provincia cuenta con la ley Iara (N 6186), gestada en el 2020 al calor de un reclamo feminista, que declara esta situación como una emergencia pública y tiene por objetivo erradicar la violencia de género.
La última víctima fue Tamara Fierro, de 29 años, cuyo cuerpo fue encontrado calcinado en un descampado en el departamento de Ledesma. Su historia se suma a la de Paola Vargas, asesinada en San Salvador de Jujuy el mismo día de las elecciones, y a la de Angelina Judith González, una adolescente de 15, a quien le quitaron la vida en Pampa Blanca. Todas ellas, víctimas en mayo de 2025, un rostro palpable de una violencia que persiste. “El Estado nacional está ausente y los estados provinciales dicen que son crímenes pasionales. El pueblo sale a las calles en busca de justicia, reparación y políticas públicas contra la violencia de género”, adhiere Nazarena, cuyo testimonio refleja el dolor que atraviesa a muchas familias.
“Una deuda que la democracia tiene con las disidencias y las mujeres”, afirma Ariadna Alippi de Desde la Raíz medio independiente de La Plata que forma parte de la Red de Medios. También menciona a Johana Ramallo, un caso emblemático que estremeció a la ciudad de las diagonales: fue desaparecida en 2017 y un año y medio después sus restos se encontraron en la Costa de Berisso. A pesar de que hay varios imputados por el caso, que es una sospecha de femicidio, su familia aún espera que la justicia lo esclarezca.
En un país en donde se infravalora la temática y en donde el ministerio de las mujeres fue degradado a Subsecretaría, la desprotección hacia las víctimas que denuncian es alta, erradicar la problemática es urgente y la lucha es colectiva. El rol del Estado es fundamental para garantizar una educación con perspectiva de género, que tenga como fin eliminar los patrones de reproducción de asimetrías y poder entre el hombre y la mujer. Los ajustes realizados a nivel presupuestario afectan a los sectores más vulnerables, personas del colectivo LGTBQ, mujeres y minorías.
Desde Santa Fe, Federica Kesseler, integrante de Periódicas, afirma: “En la provincia lo más urgente hoy es frenar el desguace de políticas de género. Pullaro empezó su gestión y cerró el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad. Por ende, cuestiones básicas que estaban aceitadas en la administración pública, como las capacitaciones de la Ley Micaela, no se hacen más”.
El Ministerio había sido creado en mayo de 2021, tras funcionar desde 2019 como Secretaría de Estado de Igualdad y Género con rango ministerial. Su institucionalización fue leída entonces como un paso importante en el reconocimiento de las demandas históricas del movimiento. Sin embargo, su desmantelamiento refleja un cambio de rumbo: los nuevos gabinetes priorizan otras agendas y deslegitiman esas conquistas. “Las voces reclamaron por el vaciamiento nacional de trece programas de género”, sostienen desde el medio chaqueño Bohemia En Vivo, dando cuenta de que son varias las provincias que luchan contra esta problemática.
“El Estado tiene la obligación de tomar medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género de acuerdo a tratados internacionales, hoy nada de eso está sucediendo”, declara Milagros Mariona, periodista de la Nota Tucumán, quien cuenta que desde principios de mayo comenzaron a juntarse en asambleas para organizar la marcha, creando un espacio de contención donde se atiende a la memoria, con fotos de las víctimas de femicidios y transfemicdios de la provincia. A la vez, se organiza una mesa para estampar pañuelos y remeras con la frase “Ni una menos, vivas nos queremos”. Milagros revive la unión, la esperanza y la búsqueda de justicia, expresando: “El debate salió de los círculos de mujeres para colarse en las mesas familiares, en las escuelas, las universidades, los sindicatos, los espacios políticos, las redacciones. Ese punto de inflexión generó un gran cambio cultural, posibilitó que miles de mujeres y disidencias rompan el silencio, hablen sobre la violencia, cuenten sus experiencias y puedan sanar a través del grito colectivo. Instalar otras narrativas para hablar de las víctimas y las sobrevivientes es una tarea cotidiana y en construcción que siempre se hace en colectivo”.
En este difícil contexto, el día de hoy aproximadamente miles de personas se reúnen nuevamente, como todos los años, para reivindicar la lucha transfeminista y reclamar por los derechos perdidos y por los que faltan conseguir. Estos testimonios reflejan cómo, lejos de avanzar hacia sociedades más equitativas, el gobierno retrocede y deshace los hilos que con tanto esfuerzo y dolor se tejieron colectivamente. En este año tan particular, se sumaron jubilados, trabajadores del sector salud, aeronáutico y más gremios para reclamar los ajustes.
Las decisiones de hoy, desoyen las voces de quienes lucharon, y borran con decretos lo que se construyó con años de compromiso y presencia en las calles. Pero para toda lucha hay esperanza. Se debe insistir en que no hay democracia sin igualdad.
Hoy más que nunca alzamos nuestra voz: Ni Una Menos.
